El gobierno socialista tiene por delante tres temas de importancia relacionados con el estatus profesional y laboral de los docentes: el acceso, la carrera profesional, la jubilación y las pensiones.
La actual normativa de acceso termina en mayo, mes en el que entraremos en una etapa de transitoriedad que, según los sindicatos, nos retrotraerá al estado del acceso anterior a la actual normativa y que se observa como un retroceso. Debemos de suponer que Ministerio de Educación y sindicatos se encuentra trabajando en un nuevo real decreto que sitúe el acceso en clave de futuro. El acceso debe de ser para los jóvenes docentes la puerta de entrada a una carrera profesional bien organizada, estructurada con sentido común y rigor científico, en la que poder desarrollar sus expectativas personales, profesionales y laborales. Es muy importante que el acceso vaya ligado a la selección, a la formación inicial y a la carrera profesional. Y que no sea un artificio administrativo más, de los tantos que existen en la enseñanza española, por el cual cualquiera puede aterrizar en la docencia independientemente de su formación, expectativas o vocación. La política educativa española está caracterizada por la atomización en la toma de decisiones y en los desarrollos. Es como si los distintos elementos que conforman, por ejemplo, la vida profesional de un docente no tuvieran relación alguna entre sí. El acceso tiene que tener sentido y este debe recorrer toda la carrera profesional. Son dos elementos muy importantes que tendrían que ir unidos ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los sindicatos con representación en el sector y hasta donde está dispuesto a llegar el gobierno para dar verdaderamente un giro de 180 grados a los fundamentos culturalmente asumidos que hasta ahora han definido el acceso?
El tercer gran tema es el de la jubilación. La prórroga de la LOE (antes LOGSE) que incentiva la jubilación a los 60 años termina en agosto de este año. Esta fórmula, con la que el periódico Escuela ha manifestado en más de una ocasión su desacuerdo es, sin embargo, una reivindicación de todos los sindicatos representativos del sector, independientemente de su ideología y del currículo sindical. Se ha comentado la posibilidad de prorrogar dos años más este formato, pero los acontecimientos sugieren ajustar el acuerdo general que sobre jubilación y pensiones han firmado las confederaciones sindicales de CCOO y UGT con el gobierno de España de forma tal que tuvieran cabida los funcionarios docentes. Desde el periódico Escuela hemos defendido la reducción de horas lectivas desde los 55 años y de forma progresiva hasta los 60 años, edad con la cual un docente se podría jubilar en función de sus años de cotización u otras variables como estado de salud físico o psíquico. A partir de los 60 años, flexibilidad total hasta los 70. De forma tal que los docentes más jóvenes y la comunidad educativa en general puedan aprovechar el caudal de conocimiento y experiencia de los docentes más veteranos. Al igual que a la docencia deben acceder los mejores jóvenes, así mismo debemos retener a los veteranos más cualificados y mejor formados, en las mejores condiciones de trabajo posible. Lo contrario, tanto en un caso como en el otro, es un desperdicio que ya no se puede permitir el sistema de enseñanza.