Yo lo tengo claro. La presunta crisis en la que estamos inmersos ha sido la disculpa perfecta para acometer el desmantelamiento del Estado de Bienestar, y si esto fuera un partido de fútbol entre detractores y defensores de todo lo público, los primeros estarían ganando por goleada pero han de saber, que no vamos a tirar la toalla, ni dar la liga por perdida.
Los servicios públicos de calidad siempre han sido una de las señas de identidad de la Europa democrática, el modelo social generado a lo largo de estas últimas seis décadas, ha sido la envidia del resto del mundo, y un espejo en el que mirarse.
En España, donde el Estado de Bienestar estaba ya, a años luz del nivel medio de los países europeos más avanzados, la mayoría absoluta del PP amenaza con acabar con él para siempre. Los últimos datos de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea son irrefutables, España tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante, más bajo de la UE-15 (el grupo de países que tiene un desarrollo económico semejante al español). Lo mismo ocurre si utilizamos como indicador el porcentaje del PIB. En España sólo uno de cada diez adultos trabaja en los servicios públicos, en Suecia, país al que todo el mundo quiere imitar cuando se habla de estos temas, uno de cada cuatro. España es, una vez más, uno de los países que tiene proporcionalmente menos personas trabajando en los servicios públicos de toda la UE-15. España se gasta en el Estado del Bienestar mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel de riqueza, exactamente el 74% de la media del gasto de la UE-15. Por tanto, es absolutamente falso, como sostienen los economistas y políticos conservadores, que el Estado del Bienestar español esté sobredimensionado.
Por ello, es todavía más difícil creer lo que ha pasado en tan poco tiempo, se ha aceptado la austeridad como un dogma, en detrimento del crecimiento, golpeando a todo lo público a través de la reducción del gasto. Estas políticas neoliberales aplicadas por gobiernos de derechas, aunque también, por gobiernos supuestamente socialdemócratas, curiosamente, han sido aceptadas, hasta la fecha, por la mayoría de la población, prácticamente sin reacción alguna, como si estas políticas fueran inevitables, por ser las únicas posibles.
En la educación pública española, la privatización y los recortes aplicados tanto por el gobierno central como por los autonómicos traerán inevitablemente un deterioro de la calidad del servicio prestado. La reducción de la plantilla del profesorado, la rebaja y posterior congelación salarial, el aumento del número de alumnos por aula, el aumento de las horas lectivas, la eliminación de buena parte de los programas de atención a la diversidad, la supresión de la contratación de interinos, y un largo etcétera ponen de manifiesto que la educación no es una prioridad en España.
Algo similar podríamos decir de la sanidad, del sistema de pensiones, que nos obligará a cotizar más, y durante más tiempo, para poder cobrar una pensión menor, de la atención a nuestros mayores, de las políticas en defensa de los más desfavorecidos, y qué decir de la recientemente presentada reforma laboral, una reforma “extremadamente agresiva”, como dijo el Señor Ministro, que no augura nada bueno para los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país.
¿Qué es lo que está pasando para que estemos asistiendo a un ataque absolutamente voraz contra todo lo público? Los poderes económicos a través de sus instrumentos políticos y, también, por qué no decirlo, a través de unos medios de comunicación afines, están consiguiendo reducir la protección social de la mayoría, como medio para arruinar los derechos en el mundo laboral, conseguidos éstos, a lo largo de muchos años de lucha. Este deterioro del bienestar se está haciendo realidad para todos, por lo menos para el 99% de la población, los que no tenemos nuestros ahorros en una sicav, no sólo para los trabajadores de lo público. Lo más lamentable es que esta pérdida de derechos está saliendo prácticamente gratis a aquellos que la promueven.
La liquidación del estado del bienestar será un hecho, más pronto que tarde, si no hacemos nada para evitarlo. Vamos hacia atrás y a una gran velocidad. Nos conducen hacia un Estado del Bienestar de mínimos, de carácter asistencial, sólo para los muy pobres, el mundo anglosajón lo sabe muy bien.
Creo que debemos exigir y no resignarnos, los gobiernos están al servicio de los ciudadanos y no al revés. Es necesario mostrar nuestro total apoyo a lo público porque la defensa de lo público es la defensa del Estado de Bienestar. Hemos de hacer visible nuestro compromiso apoyando todas aquellas iniciativas encaminadas a decir, alto y claro, a nuestros gobernantes y a quien corresponda, que lo público no se toca si no es para mejorarlo, que lo público es el bien de todos.
Desde aquí invito a todos y a todas, en general, y a la comunidad educativa, en particular, a poner de manifiesto nuestro total rechazo a cualquier recorte que se haga en los servicios públicos, pues éstos, son los garantes de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades. Así mismo, dentro de estos servicios públicos, la educación debe ser considerada un servicio fundamental, y el principal instrumento para salir de la crisis. La educación ha de permitir el cambio de modelo productivo. Tu apoyo es absolutamente necesario y ya no es posible esperar más por él.