La educación siempre ha sido objeto de atención por parte de gobiernos, políticos e ideologías a lo largo de la historia. Probablemente, porque la educación de un país, en buena medida, determina su futuro. Los docentes somos los mejores conocedores de las características, de la mayor o menor calidad, y de las necesidades de las que adolece nuestro sistema educativo; es por ello que llevamos muchos años demandando un pacto educativo que impida que la educación sea objeto central de las disputas políticas. La situación actual dista mucho de favorecer el pacto, muy al contrario, parece alejar esa posibilidad.
El actual Gobierno Regional en funciones nos ha sorprendido con una reforma de gran calado que tramita con urgencia y sin la necesaria y serena negociación. La Consejería de Educación introduciría así un cambio normativo que permitirá a los colegios de primaria modificar el currículo. Abriéndose la puerta a los llamados centros de excelencia. Los más críticos con este tipo de centros consideran que es una manera de segregar al alumnado por sus capacidades.
Al ampliar los contenidos del currículo de las materias, se aumentaría, eventualmente, la exigencia y así se impondría una selección entre los alumnos. No hay nada nuevo, lleva varios años promoviéndolo Esperanza Aguirre en Madrid en sus ya famosos “bachilleratos de la excelencia”.
Llegados a este punto, alguien podría preguntarse si esto es legal. La respuesta es que sí. La legislación educativa contempla esta posibilidad cuando hace referencia a la autonomía de los centros. No es ajena a ello la vocación de consenso que pretendió el anterior gobierno en su tramitación, y de convertirla en un marco duradero de la articulación de nuestro sistema educativo. Por ello caben diferentes aplicaciones, según las sensibilidades políticas de los gobiernos tanto Estatal como de las Comunidades Autónomas.
La autonomía de los centros se entiende desde ámbitos progresistas como un medio eficaz para mejorar la gestión económica, curricular y organizativa de los centros educativos. La autonomía debe ser pedagógica, que permita tanto el desarrollo de proyectos educativos como la organización de la atención a la diversidad del alumnado, la elaboración de planes de convivencia, etc. En este sentido, la autonomía busca mejorar la calidad y posibilitar una mejor adaptación a los diferentes contextos de unos centros cada vez más heterogéneos.
La autonomía de los centros tiene como límite infranqueable que las administraciones deben garantizar la autonomía pedagógica, que no puede convertirse en un instrumento que dé lugar a la “especialización curricular” y a la selección de los alumnos por el currículo.
Cabe preguntarse por qué algunos sectores apuestan por la autonomía de los centros sin límite alguno. Podríamos pensar que es una cuestión ideológica, y en este sentido no sería más que la aplicación del liberalismo al ámbito educativo. Si aceptamos como cierto que una parte de los ciudadanos está de acuerdo con esta premisa, deberíamos entender que no ven peligro alguno en la selección de los alumnos, o que suponen que sus hijos, fruto de esa selección, se encuadrarán en los centros de élite, lo que resulta estadísticamente cuestionable.
La autonomía de los centros, tal como la concibe esta corriente de opinión, presenta serios inconvenientes. Centros de primera y de segunda, o de tercera y de cuarta, y por tanto, de alumnos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Estableciendo así un ranking de alumnos desde edades tempranas.
La autonomía de los centros amenaza con acabar con uno de los puntos fuertes, que también los hay, según el informe PISA, del sistema educativo español, como es la homogeneización de los distintos niveles educativos. Amenaza también con debilitar la aplicación real de un principio básico de nuestro Estado social y democrático de derecho, como es el de garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente del nivel económico familiar, o del lugar donde uno viva.
La autonomía de los centros en un contexto como el actual, en el que los recursos públicos disminuyen de manera muy rápida, y en el que el objetivo último de los que apuestan por ella, no es otro, que un nuevo darwinismo social, en el que los “más aptos”, estarían llamados a ocupar determinados escalafones sociales en detrimento, de los “menos aptos”.
La autonomía de los centros en manos de los que consideran que debemos tener el estado de bienestar que nos podamos pagar, puede llevar a la privatización más absoluta, con una educación pública asistencial y otra educación por la que habrá que pagar. Esta propuesta llevada a sus aspectos más extremos ahonda en las diferencias sociales y obligará a la mayoría a pagar por un servicio que hoy es gratuito. Habría que preguntarse si esto es lo que realmente queremos, o si esto es lo que nos beneficia como país. En mi opinión, en un país como el nuestro, son muchos los que deseamos un estado del bienestar lo más sólido posible. Si somos mayoría, y cada persona es un voto ¿qué es lo que está pasando? Quizás deberíamos reflexionar sobre ello.
Hay otras alternativas, en materia educativa, por ejemplo, una educación de calidad de todos y para todos, con presupuestos adecuados, y si sólo podemos tener aquel estado de bienestar que nos podamos pagar, contribuyamos todos, nos estamos jugando el futuro.
Noticia relacionada: La Voz de Asturias (06/03/2012)