La Reforma Laboral aprobada en el Real Decreto Ley 3/2012 es la reforma del despido. Es una reforma injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo. Es por ello, que los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO nos convocan a participar en una huelga general el próximo día 29 de marzo.
La Reforma Laboral es la continuación de un plan absolutamente inmoral que, con la excusa de la crisis, pretende llevar a cabo el gobierno del PP. Si no hay una respuesta en la calle, el Gobierno entenderá que el pueblo la acepta y las consecuencias serán nefastas para el modelo social que, aquí en Europa, hemos ido construyendo a lo largo de las últimas décadas.
La huelga general es el último recurso que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos, y en las circunstancias actuales sobran los motivos para llevarla a cabo. Se ha calificado como más justificada de la historia, y ahí van 10 motivos, a modo de recordatorio:
1. La indemnización por despido improcedente será de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, cuando hasta ahora era de 45 días y con un límite de 42 mensualidades.
2. Para despedirte la empresa sólo necesita haber ganado o vendido menos en los tres trimestres previos al despido.
3. Los despidos colectivos ya no necesitan ser legalizados por la Autoridad laboral.
4. En las Administraciones Públicas podrán darse despidos colectivos e individuales por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas.
5. Si te contrata una empresa de menos de 50 trabajadores (que son casi todas) puede aplicarte un nuevo tipo de contrato “para emprendedores”. Es un contrato para 3 años y con un período de prueba durante el primer año, en el que te podrán despedir en cualquier momento, sin requisitos, indemnización, o derechos de ningún tipo.
6. Si eres parado o sin prestación por desempleo no interesará contratarte, porque la empresa, si contrata a alguien que cobre prestación, podrá consumir el 50% de la prestación que todavía le pueda quedar al trabajador/a.
7. Contratos más precarios para los jóvenes, al ampliar la edad hasta los 30 años, y la duración de los mismos hasta los 3 años para los contratos de formación y aprendizaje.
8. La empresa podrá bajarte el salario alegando razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.
9. La empresa podrá cambiarte las condiciones de trabajo si decide desvincularse del convenio colectivo que deba aplicar.
10. Se pone fin a la negociación colectiva, la única capaz de ofrecer protección a los trabajadores equilibrando la posición de superioridad que tiene el empresario en el contrato de trabajo.
La Reforma mete miedo, nos retrotrae varias décadas atrás; y en la práctica, la situación es todavía peor, porque el 97,3% de las empresas de este país tienen menos de 50 trabajadores, y ya estamos detectando en los sindicatos un peligroso crecimiento de los contratos del llamado eufemísticamente, “contrato para emprendedores” que permite el despido libre, sin causas, sin derechos y sin indemnización durante 364 días.
Los trabajadores del sector público hemos sido los primeros pagadores de una crisis cuyas causas no son imputables ni a los funcionarios públicos ni a los trabajadores por cuenta ajena. Es cierto que, quizás, en un principio, buena parte de la sociedad recibió las medidas adoptadas contra los trabajadores públicos con comprensión, cuando no con agrado. En respuesta a ello alguien podría pensar que esta reforma no va con los empleados públicos, y por tanto, que cada palo aguante su vela, pero se equivoca; el funcionario interino está directamente afectado, pues en el Real-Decreto aparece la pretensión de despedir a los trabajadores del sector público. De momento quedan al margen los funcionarios de carrera, pero al tiempo, pues los acontecimientos, que se están desarrollando a una gran velocidad, dibujan, con el pretexto de la crisis, un panorama de desamparo difícilmente imaginable hace tan sólo unos pocos años.
En el ranking del desprestigio, en primer lugar los funcionarios públicos, dentro de éstos, si se me permite, los docentes, después, y a muy corta distancia las organizaciones sindicales. El que os habla es funcionario público, docente y sindicalista, y os aseguro que pobre de aquel país en el que el control de las protestas esté en manos de los que no tienen nada que perder, y no olvidemos que, desgraciadamente, cada vez hay más. En este país se ha progresado mucho, y en buena medida, gracias a la concertación social, al pacto y a la negociación. Pronto nuestros gobernantes se han olvidado de ello, probablemente es un daño colateral de la mayoría absoluta. Quiero recordar aquí, que las organizaciones sindicales firmamos un acuerdo con los representantes empresariales en materia de negociación colectiva y salarial, muy acorde y responsable con la situación de crisis en la que vivimos, y que a los pocos días el Gobierno aprobó esta Reforma Laboral, no negociada, que beneficia sólo a una parte, mientras que la otra parte lo pierde todo.
Ante una convocatoria de huelga general, toda persona se plantea, en primer lugar, el apoyarla o no. Muy brevemente voy a intentar explicar por qué los funcionarios públicos debemos secundar la iniciativa de las organizaciones sindicales.
Los funcionarios públicos debemos apoyar la huelga del 29 sin reservas, y no solo apelo a la solidaridad que todo funcionario debe tener con respecto al resto de los trabajadores, y a la sociedad a la que sirve, que también; apelo, sobre todo, a que los funcionarios públicos se equivocarían si se viesen a salvo de lo que está pasando en este país. El ataque es frontal, la crisis es la excusa, pero los verdaderos objetivos son el debilitamiento del mercado de trabajo y conseguir lo que siempre han deseado la gran patronal y el capital financiero, que no es otra cosa que una bajada de salarios, lo que algunos economistas llaman ya, una devaluación doméstica, debilitar la protección social y privatizar el Estado del Bienestar, y aquí es donde estamos irremediablemente afectados los trabajadores públicos. Lo que se pretende, en definitiva, es un cambio del modelo social, posible, en parte, por la mayoría absoluta de la que hoy goza la derecha española.
Para el sector público la huelga es una oportunidad para decir al Gobierno que hay otras alternativas, que se puede salir de la crisis de otra manera, que los 40000 millones de recorte para cumplir el déficit del 5,3% no pueden salir exclusivamente del gasto social, por lo menos, no puede hacerse sin modificar el modelo de sociedad que hemos ido construyendo estas últimas décadas.
La situación está absolutamente descontrolada. Cualquier político puede poner sobre la mesa una propuesta que por muy extravagante que ésta sea, será valorada y susceptible de ponerse en práctica de manera casi urgente. Los recortes que hemos visto en otras comunidades, tarde o temprano, aparecerán aquí, y en materia educativa el modelo a seguir es el de Esperanza Aguirre en Madrid: más dinero para la privada y despido de profesores interinos, centros de excelencia y selección del alumnado por el currículo, amparándose en la autonomía de centros.
Los empleados públicos hemos sido objeto de un ataque furibundo por parte de aquellos que alientan los recortes en todo lo público; lo más suave que nos han dicho es que somos unos vagos con privilegios.
En la educación pública española, la privatización y los recortes aplicados, tanto por el gobierno central como por los autonómicos, han provocado ya un deterioro de la calidad del servicio prestado. La reducción de la plantilla del profesorado, la rebaja y posterior congelación salarial, el aumento del número de alumnos por aula, el aumento de las horas lectivas, la eliminación de buena parte de los programas de atención a la diversidad, la supresión de la contratación de interinos y un largo etcétera, ponen de manifiesto que la educación no es una prioridad para la derecha española y que el futuro de los empleados públicos será más trabajo por menos salario y con menos derechos.
No nos engañemos, los actuales gobernantes consideran que debemos tener el estado de bienestar que nos podamos pagar. Esto puede llevar a la privatización más absoluta, con una educación pública asistencial y otra educación por la que habrá que pagar. Esta propuesta, llevada a sus aspectos más extremos, ahonda en las diferencias sociales y obligará a la mayoría a pagar por un servicio que hoy es “gratuito”. Habría que preguntarse si esto es lo que realmente queremos, o si esto es lo que nos beneficia como país. En mi opinión, en un país como el nuestro, son muchos los que deseamos un estado del bienestar lo más potente posible, si se parece al sueco o al finlandés, mejor, y son muy pocos los que no lo necesitan. Éstos piensan, y no está exento de lógica, que si no lo utilizan, por qué van a pagar impuestos para financiar a otros. Además el Estado del Bienestar y todo lo público es competidor directo de los negocios privados, la educación pública de la educación privada, la sanidad pública de la sanidad privada, el sistema de pensiones público de los sistemas de pensiones privados, y así sucesivamente. Pero si somos mayoría y cada persona es un voto ¿qué es lo que está pasando? Deberíamos reflexionar sobre ello.
He dicho antes que la situación está descontrolada, pero no es verdad. Todo responde a un plan perfectamente organizado donde la liquidación del Estado del Bienestar será un hecho, más pronto que tarde, si no hacemos nada para evitarlo. Vamos hacia atrás y a una gran velocidad. Nos conducen hacia un Estado del Bienestar de mínimos, de carácter asistencial, sólo para los muy pobres, nos conducen al fin del modelo social europeo.
El próximo 29 de marzo se pone el contador a cero, si nuestra respuesta no es clara y contundente, las consecuencias son absolutamente imprevisibles. Toda la ciudadanía ha de responder en defensa de nuestros derechos, de los derechos de las generaciones venideras, y en defensa del futuro de todos. Nadie está a salvo, todos los trabajadores y trabajadoras de este país, de manera conjunta y solidaria, hemos de responder a esta agresión. No me cabe la menor duda que los docentes asturianos sabremos estar a la altura de las circunstancias.
Las organizaciones sindicales, como representantes de los trabajadores, están legitimadas para convocar una huelga general, faltaría más. La huelga no es un fin en sí misma, es un medio para conseguir que el Gobierno se siente a negociar. No se va contra nadie, es la respuesta de los trabajadores en defensa de sus derechos. Pero las huelgas generales se ganan o se pierden. El éxito de las anteriores manifestaciones sólo tendrá un verdadero valor si conseguimos hacer de la huelga general del próximo día 29 un éxito rotundo, y para ello hay que parar el país. Desde Asturias hemos de contribuir a ello, con serenidad, con responsabilidad y con la confianza de que nos ampara la razón y luchamos por algo que es de justicia. Hemos de hacer lo necesario para que esto ocurra. Todos hemos de poner nuestro granito de arena, la FETE tiene que implicarse claramente en la convocatoria de huelga, cada uno en la medida de sus posibilidades, porque está en juego mucho, está en juego la cohesión social. El día 29 cada uno de nosotros debemos olvidarnos de lo nuestro y movilizarnos por el interés colectivo.
Además, estoy convencido de que la Reforma laboral no beneficia a nadie, ni siquiera a aquellos que tras una primera lectura se podrían ver favorecidos, me refiero a los autónomos, pequeños y medianos empresarios; éstos deben preguntarse quién consumirá sus productos con una masa de trabajadores cada vez más empobrecidos.
El Gobierno ha querido enfrentar a los trabajadores con los parados a raíz de la necesidad de una Reforma Laboral como la presente. Es un engaño especialmente reprochable porque atenta contra el más mínimo sentido común, pues es difícil sostener que deteriorando las condiciones laborales de los trabajadores con empleo, se pueda dar más oportunidades a los que buscan trabajo.
Tengo la esperanza de que esta huelga general que vamos a vivir, pase a la historia como aquella que cambió el curso de los acontecimientos, aquella que devolvió la dignidad a las personas, aquella que, más allá de las tradicional división ideológica ente izquierda y derecha, unió a muchos y diversos colectivos: trabajadores, pensionistas, estudiantes, pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, autónomos, parados… y claro está, funcionarios públicos, en un intento de evitar la radical involución social que supone esta Reforma Laboral que pretende implantar el Gobierno del PP, ante el chantaje de los grandes poderes financieros.
Debemos demostrar el próximo día 29 de marzo que somos mayoría, los que estamos en contra de los recortes, y de la pérdida de derechos, derechos que nos ha costado mucho conseguir y que se están poniendo en peligro en muy poco tiempo. Nunca un Gobierno hizo tanto daño en tan poco tiempo. Debemos parar esta tendencia porque vienen a por todo.