El pasado viernes se presentó en Consejo de Ministros la Reforma Educativa que en palabras del ministro Wert pretende fortalecer la formación en las aulas y conseguir que nuestro sistema educativo sea una plataforma al empleo.
La crisis es la tormenta perfecta. Está siendo utilizada de manera obscena por parte del Gobierno central para justificar lo difícilmente justificable en un marco de normalidad económica. Está sirviendo como argumento que obliga a las comunidades autónomas, responsables de la mayor parte del gasto educativo, convencidas o no de la necesidad de aplicar las medidas de “austeridad”, a imponer unos recortes que en un principio se presentaron como temporales. No obstante, la situación económica se ha convertido en una oportunidad inmejorable para incumplir, y mucho nos tememos que de manera definitiva, un principio constitucional que reconoce el derecho a la educación en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
En los últimos cuarenta años en España se han aprobado hasta 12 leyes orgánicas sobre educación, las más significativas referidas a los niveles no universitarios, como la que se presenta ahora, son LGE de 1970, LOECE de 1978, LODE de 1985, LOGSE de 1990, LOPEG de 1995, LOCE de 2003 y LOE de 2006. Un auténtico disparate, quizás por ello no hay ningún ejemplo en el mundo que admita comparación con lo sucedido aquí. Que una ley educativa necesita tiempo para conseguir sus objetivos es algo que no admite discusión y que, además es de sentido común. Que lo contenido en una ley educativa debe ser fruto del consenso de todos: partidos políticos, organizaciones sindicales, legítimos representantes de los trabajadores, y comunidad educativa, parece, cuando menos, razonable. Que la educación es para un país algo de máxima importancia, que es tan decisiva para el futuro que debería ser objeto de un acuerdo de estado, lo sabemos todos, por lo menos, todos aquellos que de una u otra manera tenemos algo que ver con la educación que se imparte a nuestros jóvenes en los distintos centros educativos.
En mi opinión, en pocos ámbitos como en el educativo se muestran las divergencias entre los dos partidos políticos que en este país han ejercido las tareas de gobierno desde la llegada de la democracia.
Los instalados ahora en el poder, muestran ya, sin ningún tipo de complejos, cual es su objetivo: la sumisión del sistema educativo a las necesidades de la economía y del mercado laboral. Es una vieja aspiración de la derecha española la implantación de los dogmas neoliberales hasta sus últimas consecuencias, por tanto, el ámbito educativo no va a ser una excepción.
El anteproyecto de ley contempla, en la práctica, que el sistema ha de seleccionar, como en una moderna versión de la teoría de la evolución de las especies a los más aptos. La multiplicación de los obstáculos, vía reválidas, acompañados de los conocidos recortes, dejarán por el camino a los que cuentan con menor capacidad, a los que tienen menos recursos económicos y a los que viven en unas condiciones sociales más desfavorables. Lo grotesco es que se utiliza el fracaso escolar existente como una de las razones fundamentales para abordar la reforma, pero así, convirtiendo la vida escolar en una carrera de obstáculos no se soluciona el problema, más bien, lo que se pretende es servirse de él para presentar como “necesaria” una reforma que segrega a los alumnos y que de esta manera reproducirá en la escuela las desigualdades sociales.
Los alumnos de pedagogía en su primera hora de clase ya aprenden que las evaluaciones hacen un diagnóstico, pero no solucionan el problema. Nos tememos que lo que aquí se pretende es que éstas sirvan para establecer un ranking de centros y justificar las desiguales dotaciones económicas, ni más ni menos.
El camino a seguir está claro: los recortes presupuestarios presentes y futuros amenazan con dejar a la enseñanza pública gratuita en algo marginal y de mínima calidad, destinada a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Lo que acabas de leer, probablemente aún diste mucho de la realidad que vivimos en Asturias, pero no así en otras comunidades, en la mente de todos. Además, en estos tiempos, los acontecimientos discurren a una gran velocidad y lo que parecía impensable hace pocos años se hace realidad con el único argumento de que no se puede hacer otra cosa.
La Reforma ya ha sido calificada de retrógrada, centralista, segregadora y adoctrinadora, entre otros adjetivos. El Gobierno promete consenso, pero aunque eso sería lo deseable, la experiencia de estos últimos meses nos hace ser muy pesimistas, son los daños colaterales de las mayorías absolutas.
Llama la atención que se pretenda hacer una reforma de este calado en un contexto de recortes brutales en los presupuestos educativos, a no ser que estos complementen a aquella. Es bien cierto que la reducción del gasto inversor en la educación pública nos conducirá a una privatización del servicio. Si el estado deja de ser responsable, si el estado hace dejación de sus funciones, el gasto, necesariamente, tendrá que ser asumido por las familias, estaríamos, entonces, ante la extensión, y ahora de una manera generalizada, del copago educativo o el cheque escolar.
Lo que viene mete miedo: privatización del sistema educativo, la educación como un instrumento más de exclusión, competitividad empresarial para los centros, centros para las élites y centros para los que tienen más dificultad, clasificación del alumnado según el poder económico de su familia, etc.
No, este anteproyecto de ley no nos gusta. No se hace referencia alguna a principios que los docentes consideramos básicos en un buen sistema educativo. La calidad de la educación debe ser para todo el alumnado con independencia de sus condiciones y circunstancias. Ha de garantizarse la igualdad de oportunidades, la educación debe ser un instrumento no de discriminación y sí compensador de las desigualdades personales. Los centros no pueden ser considerados como entes empresariales y los alumnos no son mercancía. No se puede seleccionar a edades tan tempranas, porque se selecciona mal, las verdaderas capacidades de los niños/as aún están por desarrollar, y porque el país no puede permitírselo, y a la larga, será peor y más caro. Los excluidos del sistema, constituirán una legión que, más tarde o más temprano, nos pedirán explicaciones.
Los más optimistas, o los más ingenuos, no los sé, piensan que la nueva reforma presentada, se quedará en nada, como otras muchas, máxime cuando parece que no la acompañará una memoria económica, quizá nuestros actuales gobernantes piensen que esta “maravillosa” reforma se hará con menos dinero. No obstante, siempre será posible atajarla en las próximas elecciones. Ya veremos.